La Ley de Inteligencia Artificial en Europa y su impacto en las empresas

El 2023 finalizó con un hito histórico para Europa posicionándose como la primera región en el mundo en pactar un acuerdo para la primera Ley de Inteligencia Artificial. Esta tecnología se encuentra en constante evolución y su consolidación está transformando tanto el ámbito social como empresarial, abriendo un abanico de oportunidades estratégicas para las empresas, pero también responsabilidades. 

Este acuerdo tiene como objetivo fomentar el desarrollo y la adopción de esta tecnología, mientras salvaguarda los derechos fundamentales de los ciudadanos. La aprobación está programada para esta primavera, y se espera su entrada en vigor a finales de 2026, aunque algunas disposiciones se implementarán antes. Por ello, es esencial comprender los alcances y las implicaciones de esta normativa ya que establece controles y sanciones económicas severas para las empresas que no cumplan con las regulaciones comunitarias. El incumplimiento de la nueva Ley de Inteligencia Artificial podría costarle a las empresas desde 7,5 millones o el 1,5% del volumen de negocio hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio global, dependiendo de la infracción y el tamaño de la empresa.

Mientras Europa lidera la regulación de la IA, las empresas deben adaptarse para cumplir y aprovechar el potencial de esta tecnología. Ahora es el momento de analizar los riesgos y oportunidades que tienen las empresas de nuestro país a la hora de implementar la inteligencia artificial ya que, una vez aprobado este reglamento, las prohibiciones serán aplicables a partir de los 6 meses, y en el caso de las sanciones y los requisitos para los sistemas y modelos de propósito general (que incluyen la IA generativa), a los 12 meses.  

La normativa, a falta de ultimar detalles técnicos, establece obligaciones específicas para sistemas de Inteligencia Artificial de alto riesgo, especialmente para sectores como la banca, seguros, salud y educación. Por ejemplo, la utilización de esta tecnología para la calificación crediticia que deniegue a los ciudadanos la oportunidad de obtener un préstamo o el uso de la IA en programas informáticos de selección de curriculum vitae para los procedimientos de contratación, serán considerados de alto riesgo e incluirán una evaluación obligatoria del impacto sobre los derechos fundamentales. Además, se prohíbe expresamente el uso de la IA para el reconocimiento de emociones en el ámbito laboral o centros educativos. 

Otro de los puntos con mayor controversia en la actualidad es el desarrollo de aplicaciones que utilicen modelos de propósito general basados en la inteligencia artificial generativa y la posible infracción a los derechos de autor y de la propiedad intelectual. Este acuerdo contempla la laguna legislativa actual, ya que la Ley de Propiedad Intelectual no recoge el uso de acceso a contenidos para el entrenamiento de las compañías de Inteligencia Artificial y esto puede suponer un vacío legal en el corto, pero sobre todo en el medio plazo. 

Un ejemplo de ello es el chatbot que ha revolucionado la inteligencia artificial con tan solo un año desde su lanzamiento, Chat GPT. En este caso, según la normativa presentada, no se prohíbe su uso, pero se tendrán que cumplir ciertos criterios de transparencia como especificar si un texto, canción o fotografía se ha generado a través de inteligencia artificial. Además de garantizar que los datos que se han empleado para entrenar el sistema respetan los derechos de autor y elaborar resúmenes detallados sobre el contenido utilizado para su entrenamiento. 

En definitiva, las empresas se encuentran ante un terreno desconocido. Como expertos legales especialistas en tecnología, datos y negocios digitales, está en nuestra mano ayudar a las empresas a comprender y a facilitarles el cómo aplicar las disposiciones de la nueva ley a su sector y situación. Además de asegurarse que sus políticas y prácticas, así como los trabajadores, estén actualizados con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva ley. 

Artículo original publicado en El Referente