¡El lenguaje claro ya tiene su ISO!

Este mes de junio salió a la luz una nueva ISO que ha tenido muy poca repercusión en los medios de comunicación, pero que quienes nos dedicamos al legal design, o más ampliamente a acercar el derecho al justiciable, hemos celebrado como un gran logro y un respaldo institucional al trabajo que realizamos.

Se trata del ISO 24495 sobre lenguaje claro.

No es un estándar específico para el sector jurídico, sino que es una norma generalista que pretende dar pautas para lograr una comunicación eficaz entre redactor y lector.

La norma (redactada, como no, en lenguaje claro), vincula este concepto a cuatro principios básicos.

Para ser claro, un texto debe ser:

• Relevante: Antes de redactar, hemos de identificar al lector y el propósito con él que leerá el texto. También tenemos que pensar en el contexto en el que se leerá el documento, y elegir el formato y la información que se va a incluir en función de estos datos. 

• Localizable: El lector debe poder encontrar con facilidad la información que necesita, por lo que hemos de estructurar el texto correctamente para él, utilizar técnicas de diseño de información para que el lector se ubique, usar (pero no abusar) de títulos, separar la información importante de la superflua, etc. 

• Entendible: El vocabulario utilizado debe ser usual, las frases y los párrafos claros y concisos y el tono de voz adaptado y respetuoso. Aparte, en ocasiones también se puede ilustrar conceptos con contenido multimedia. Es imprescindible asegurarse de la coherencia global del documento. 

• Utilizable: si el contenido es relevante, localizable y entendible, se considera que será utilizable por parte del lector, es decir, que el documento cumplirá con su propósito y que el usuario podrá utilizarlo para los fines para los que fue redactado. Para ello, se debe evaluar el documento mientras se redacta, pero también una vez finalizado, recogiendo los comentarios y recomendaciones de los propios destinatarios de la comunicación, y también si varía el uso del documento o el perfil del lector.

La norma incluye en anexo unas prácticas checklists que permiten redactar un documento asegurándose de que se cumple con todos los requisitos del lenguaje claro.

Si bien esta norma no es específica al sector jurídico pues su propósito es más amplio, los profesionales del ámbito legal no están exentos de su aplicación, sino todo lo contrario.

La premisa básica es que el lenguaje claro se centra en el usuario, es decir, en el lector y, en nuestro caso, en el justiciable.

Sin embargo, una persona que lee de primeras un documento legal (sea una sentencia, un contrato, un auto, etc.) no sabe qué parte del escrito contiene la información verdaderamente relevante para ella, dónde encontrarla, cómo interpretarla, etc.

Así, en el sector de la justicia, la mayoría de las veces, los documentos redactados no sirven su propósito, pues su destinatario no puede utilizar la información recibida sin la ayuda de un profesional.

“Para eso estamos los abogados”, me dirán muchos, “no nos quitéis este papel”, incluso insistirán algunos… y de hecho, eso mismo vaticinaba un anuncio del propio Consejo General de la Abogacía Española hace unos años… Pues no, me niego a creer que el papel de los abogados en nuestra sociedad se limita a ser un mero traductor entre las instituciones y los justiciables.

¿Será que el papel de un médico se limita a traducir las enfermedades desde su nombre en latín a su nombre vulgar?

Que al abogado a menudo le toca este papel, eso sí, pero no por promover una mejor redacción se quedará sin trabajo, sino todo lo contrario. Cuanto más se emplee lenguaje claro en el ámbito jurídico, mejor irá la justicia, pues aparte de reducir la brecha entre ella y los justiciables, permitirá que los términos de los acuerdos si entiendan y se cumplen, que las decisiones se respeten.

Empoderemos a las personas para que acepten o rechacen condiciones y términos entendiendo perfectamente a lo que se comprometen.

Artículo original publicado en el blog de innovación y nuevas tecnologías de la Abogacía Española